Otro 8 de marzo sin soluciones

Las mujeres ocupan el 70% del total de las personas en activo en las profesiones sanitarias en nuestro país. De entre ellas, la profesión médica era casi exclusivamente masculina hasta hace unas décadas, fue en los años 70 cuando empezó a aumentar el porcentaje de mujeres en las facultades de medicina españolas por la mitad norte del país donde el porcentaje sigue siendo mayor, pero este cambio inexorablemente se ha extendido al sur.

El porcentaje de médicas en activo respecto al total en 1996 era del 34%; en 2017 eran el 52% del total y el 63% de entre los menores de 55 años. En los cargos directivos de los servicios públicos de salud sólo eran el 20%, y algo parecido ocurre en los colegios profesionales y sindicatos. En las facultades de medicina en ese año las mujeres eran el 70%. (Demografía médica. Apuntes para la eficiencia del sistema sanitario OMC 2009 y Estudio Demografía médica 2017, OMC y CESM).

Este cambio es aún más notorio en el ejercicio de la Medicina en la Atención primaria dado que las mujeres por ahora prefieren más las especialidades médicas que las quirúrgicas. En el estudio de demografía médica del Consejo Andaluz de colegios médicos el 55% y el 56% de los médicos de familia y de los pediatras andaluces, respectivamente, son médicas, en su mayoría en edad reproductiva, y subiendo. Los años que se corresponden con la crianza de los hijos suponen para la mujer un freno profesional importante y una merma económica debido al menor tiempo disponible para formación, docencia e investigación, los cuales son méritos necesarios para el acceso a una plaza fija, el acceso o subida de nivel en la carrera profesional o a un cargo directivo; a esta pérdida se suman las excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos y de familiares mayores, las exenciones de guardia por embarazos o los intentos de evitarlas para poder conciliar.

En definitiva, la médica que decida tener hijos tendrá difícil ascender en la profesión y no tiene las mismas oportunidades económicas que sus compañeros varones, ni siquiera en edades más tardías porque llega con menos méritos, y esto también afecta a los años cotizados y a la cuantía percibida en la jubilación. La diferencia de salario puede ser de muchos miles de euros al año e impregna casi toda su carrera profesional y su vida. Por otra parte, la capacidad de decisión dentro del sistema sanitario se ve reducida a menos de un tercio de lo que debiera ser debido a la falta de mujeres en puestos de responsabilidad, lo que provoca que los necesarios cambios para asegurar la igual y la equidad de ambos sexos no se idean y se implementan; no olvidemos que quien más entiende lo que ocurre y más proactivo puede ser para cambiarlo es quien lo sufre.

La feminización también ha conllevado un cambio en el rol social del médico. De ser un profesional de los más respetados en el pasado, también en la atención primaria, ha pasado a ser vilipendiado y explotado. Se nos culpabiliza de gran parte de lo que ocurre en el sistema sanitario sin argumentos razonables. Parece que el rol médico se ha impregnado de los prejuicios de género que la sociedad vuelca sobre la mujer y las tareas de cuidados: la exigencia de que ese tipo de trabajo hay que hacerlo en su totalidad, hasta la extenuación si es necesario, anteponiendo las necesidades de aquellos a los que cuidamos a las propias; y ello haciéndonos además responsables de los fallos, incluso cuando se carece de los recursos necesarios para hacerlo bien.

Por si esta situación no fuera suficientemente injusta, y siempre metafóricamente hablando, la atención primaria podría representar a la mujer en el sistema sanitario público, con más trabajo, menos reconocido, peor remunerado, con menos recursos y en situación de subalterna; y el hospital se asemejaría al varón, con más prestigio, mejor pagado, con mayor capacidad de decisión sobre el propio trabajo e incluso ordenando desde la distancia el de los médicos y médicas de atención primaria (que le dé el informe su médico o médica de primaria, que le pida la analítica o prueba diagnóstica que yo necesito, que le derive a otra especialidad, que le vuelva a derivar para mi revisión…). Esto ya ocurría antes de la pandemia, pero con ella todo se ha incrementado exponencialmente.

La situación es insostenible y peor en la atención primaria donde las condiciones y salarios son aún peores. La fuga de médicas y médicos no para de crecer.

Las soluciones aportadas por  los gobernantes son las de una concepción patriarcal del trabajo donde lo más importante en la vida del individuo es el trabajo realizado fuera del hogar y el ganar más dinero. Actualmente consiste en ofrecer todavía más horas de trabajo a las médicas y médicos que quedan, situación que a la mayoría de las mujeres no interesa, y tampoco a los hombres implicados en los cuidados de su familia y que tienen otra concepción del trabajo. La otra solución aportada es importar médicos extracomunitarios que aceptan cualquier contrato y situación, así los gestores pueden mantener las cargas de trabajo excesivas y la explotación. La huida de profesionales no sólo no para, si no que se incrementa. Ni siquiera los médicos extranjeros se quedan porque la mayoría en cuanto homologan el título también huyen a los países del entorno donde nos tratan muchísimo mejor, en términos de conciliación e igualdad también.

Las soluciones son obvias: más recursos, subir salarios y mejores condiciones laborales, incluyendo ineludiblemente garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres, económica, profesional y de cargos directivos, y  la conciliación de la vida laboral y familiar, para lo cual hay que aumentar las exiguas plantillas médicas con las que se cubre un servicio que hay que prestar las 24 horas del día y los 365 días del año. La sanidad privada está llena de médicas y médicos que con gusto trabajarían en la sanidad pública si fueran bien tratados.

La feminización de la profesión médica es un hecho inexorable. Es hora de que nuestros gobernantes decidan abandonar el trato patriarcal,  trasnochado y explotador que nos dan a los médicos y médicas, sobre todo a los de la atención primaria. O se acepta socialmente y se asumen los cambios y mejoras imprescindibles, o se quedan sin médicas, y sin médicos, y por tanto sin sanidad pública.